Mercantilización de la salud
El DNU de Milei propone la venta libre de productos farmacéuticos en kioscos y supermercados. Riesgos para los pacientes. La opinión de los profesionales.
Los trabajadores de la salud en general y los farmacéuticos en particular, están en alerta. No solo porque el DNU 70/2023 de Javier Milei introduce cambios sustanciales en el sector y afecta en forma directa el ejercicio profesional, sino –y sobre todo– porque conlleva efectos negativos en el acceso a los medicamentos y en la salud pública.
Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria avizora que la posibilidad de adquirir medicamentos de venta libre en establecimientos no especializados, como supermercados y kioscos, «implica riesgos potencialmente graves para la salud de las personas».
Según las nuevas medidas anunciadas, estos productos podrán venderse en cualquier establecimiento y no únicamente en farmacias autorizadas.
«Hasta el DNU, la ley protegía la salud del paciente asegurando que un farmacéutico participe en la dispensa de medicamentos. Las farmacias, habilitadas para este propósito, están sujetas a un proceso constante y riguroso de fiscalización y auditoría para garantizar la seguridad y calidad de los medicamentos dispensados», detalla el informe y subraya: «Que un medicamento sea de venta libre, no lo hace libre de efectos adversos». En este sentido, alerta sobre «la disponibilidad de medicamentos de procedencia dudosa, falsificados, adulterados o mal acondicionados» que podría incrementar la automedicación.
Por su parte la Federación Farmacéutica Argentina (Fefara), entidad que agrupa a farmacias de todo el país, advierte «contra el contrabando y la falsificación de medicamentos en un pasado no muy lejano» y especifica que, con esta norma «se impulsa a una figura jurídica por la que se puede ser propietario de farmacias dejando el cuidado profesional degradado en manos de sociedades anónimas, con poderes de capitales, cuyo único objetivo es hacer negocios sin que importe la salud».
Rechazo y amparo
Fefara junto con la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) y diferentes Colegios de Farmacéuticos y Bioquímicos de Buenos Aires y del interior del país, manifestaron su rechazo y advierten que la desregulación del mercado de los medicamentos y la profesión farmacéutica atentan contra el acceso a los fármacos en forma equitativa, justa y eficiente para toda la población.
Desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la UBA –convocados en sesión extraordinaria para analizar su alcance–, sostienen que «el DNU 70/2023 introduce cambios en la Ley 17.565, que regula el ejercicio de la actividad farmacéutica y la habilitación de farmacias, droguerías y herboristerías», señalan que las modificaciones «afectan el rol del farmacéutico y de la farmacia comunitaria como agentes sanitarios que garantizan la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos» y las rechazan en tanto «posicionan al medicamento como un bien meramente comercial y ponen en riesgo la investigación, desarrollo y producción pública de medicamentos».
La Federación Farmacéutica y la Confederación Farmacéutica Argentina plantearon en la Justicia, en forma conjunta, una acción declarativa de inconstitucionalidad y una medida cautelar a los fines de suspender los efectos de los artículos 313 a 325 del decreto 70/2023 por afectar los derechos de los farmacéuticos y la salud de la población. La acción judicial quedó radicada en el Juzgado Federal Contencioso Administrativo 3.
En diálogo con Acción, Miguel Osio, presidente del Colegio Farmacéutico de La Pampa y vicepresidente de Fefara, reafirma que el decreto pretende desregular la profesión y banalizar al medicamento, con inevitables consecuencias en la salud de la población.
«Es una profundización más a la desregulación que se dio en el año 1991. En aquel momento el impulsor fue el Gobierno de Menem con el ministro Cavallo, y ahora pretenden volver sobre algunas cosas que ya se habían puesto en su lugar, como la obligatoriedad de la dispensa de medicamentos de venta libre en farmacias y con asesoramiento del farmacéutico», resume.
Para Osio el DNU «no afecta solo al sector farmacéutico, sino a la salud pública si el medicamento tiene dispensa libre». «La farmacia es un lugar controlado y fiscalizado por las provincias en cada jurisdicción y a nivel federal, por el Ministerio de Economía», explica.
Rol social
Osio califica de «una locura sanitaria y una falta de respeto hacia la gente» el DNU que establece que «un farmacéutico puede ser el director técnico de más de una farmacia».
«El profesional no puede estar al mismo tiempo en diez lugares. Tiene que estar presente para resolver un problema terapéutico, o cuando tiene que interpretar una receta con una prescripción por el nombre común internacional del medicamento», dice y sintetiza: «Ese farmacéutico tiene una responsabilidad enorme: hacerse cargo de la procedencia, del almacenamiento, de la conservación y de la segura dispensa en diez farmacias a la vez».
El dirigente añade que otros de los puntos que cuestionan es la dispensa de recetas en las droguerías, establecimientos que conforman una red nacional donde están las farmacias, las droguerías y los laboratorios. «Cada uno tiene un rol específico: el laboratorio produce el medicamento, las droguerías lo distribuyen hacia las farmacias y las farmacias dispensan», sostiene y advierte que el DNU va a generar conflictos de lealtad comercial. Para Osio «se vuelven a repetir recetas que no funcionaron y que fueron una mentira en la década del 90», que presuponen que si el medicamento se comercializa fuera de la farmacia, aumentará la competencia y bajará el precio del medicamento. «Si se quiere bajar el precio el escenario donde tiene que ocurrir esa competencia es en los laboratorios, que son los que lo generan y definen qué, cómo y cuándo aumenta».
No cabe duda del papel que juegan las y los farmacéuticos en el resguardo de la salud de la población. Prueba de ello fue la pandemia, cuando fueron declarados esenciales y asumieron la responsabilidad de brindar asistencia; pero, además, a lo largo del territorio nacional, en muchos pueblos –donde ni siquiera hay un médico– la farmacia cumple un rol central. Miguel Osio ejemplifica: «Está demostrado que el 20% de las personas que ingresan a la farmacia hacen una consulta profesional, se llevan un medicamento y se van con consejo profesional en cuanto a cómo debe tomar el medicamento, cómo lo debe administrar y en qué momento». «Nosotros vamos a defender ese modelo de farmacia, lo hemos defendido desde siempre, y nos ha costado mucho», concluye.
