Envejecer en tiempos de ajuste

INTRODUCCIÓN

La mortalidad por suicidio entre las personas mayores constituye un problema social, sanitario y político que interpela de manera directa al Estado y a las políticas públicas. En Argentina, los datos disponibles muestran variaciones importantes en la cantidad de suicidios de personas de 60 años y más durante el período 2017- 2024. Según las Bases de Datos de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2024 se registraron 703 suicidios en este grupo etario, frente a 645 en 2023, lo que representa un incremento aproximado del 9,0%. Este aumento se produce en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones y de creciente tensión en torno al acceso a medicamentos, alimentos, servicios y prestaciones sociales, dimensiones que no pueden quedar al margen del análisis del
envejecimiento.

1. Evolución de los suicidios (2017–2024)

La curva muestra que los dos valores más altos del período analizado se registran en 2018, durante el gobierno de Mauricio
Macri, y en 2024, durante el gobierno de Javier Milei. Este dato resulta políticamente significativo porque ambos períodos
estuvieron atravesados, con características diferentes, por políticas de ajuste fiscal, pérdida del poder adquisitivo de los ingresos y debates intensos acerca del alcance de la protección social. En el caso de las personas mayores, el impacto de estas decisiones adquiere una especial gravedad, ya que se trata de una población cuya principal fuente de ingresos depende, en gran medida, de decisiones estatales sobre jubilaciones, pensiones, medicamentos y servicios de salud.

El deterioro de los ingresos jubilatorios, las restricciones o modificaciones en el acceso a medicamentos con cobertura de
PAMI, el aumento de las tarifas de los servicios públicos y el encarecimiento sostenido de la canasta básica afectan
directamente las condiciones materiales de vida. Cuando estas políticas reducen la capacidad de las personas mayores para
sostener su alimentación, su salud, su vivienda y su autonomía, el problema deja de ser exclusivamente económico y se convierte en una cuestión de derechos humanos y de responsabilidad política.

Los datos disponibles no permiten afirmar que una determinada política económica sea, por sí sola, causa directa de los suicidios. Sin embargo, tampoco resulta adecuado analizar estas muertes por fuera del contexto social en el que ocurren. La pobreza, la inseguridad económica, el aislamiento, la pérdida de autonomía y las dificultades de acceso a la atención sanitaria constituyen factores de vulnerabilidad que deben ser considerados al evaluar las consecuencias sociales de las políticas públicas.

Tabla 1. Suicidios de personas de 60 años y más en Argentina, 2017-2024.

Gráfico 1. Suicidios de personas de 60 años y más en Argentina, 2017-2024.

2. Género y vulnerabilidad

Otro dato alarmante es que el 84% de los suicidios registrados en personas de 60 años y más corresponde a varones. Esta diferencia puede vincularse con los roles de género tradicionales con los que fue socializada buena parte de esta generación. La exigencia masculina de autosuficiencia, fortaleza y capacidad de sostener económicamente a la familia puede convertirse en un factor de vulnerabilidad cuando la jubilación, la pérdida de ingresos o la exclusión del mercado laboral alteran esos lugares sociales.

3. Edad y transición jubilatoria

En relación con la edad, la distribución presentada muestra una mayor concentración de los suicidios en los grupos de 60 a 74 años, que reúnen aproximadamente el 63% del total. Este dato coincide con una etapa de profundas transformaciones: salida del mercado laboral, jubilación, reducción de ingresos, cambios en la cobertura sanitaria y, en muchos casos, pérdida del rol social construido durante décadas.

La jubilación no puede ser entendida únicamente como un hecho administrativo. Es una política pública que define las condiciones materiales de vida de millones de personas. Cuando los haberes pierden capacidad de compra frente a los alimentos, los medicamentos, la vivienda y las tarifas, se restringe también la autonomía. Por eso, las jubilaciones insuficientes, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades de acceso a prestaciones de salud deben ser consideradas como parte del escenario de vulnerabilidad en el que viven muchas personas mayores.

Durante períodos de ajuste, como los registrados bajo los gobiernos de Macri y Milei, la discusión sobre el déficit fiscal y la reducción del gasto público ha tenido consecuencias concretas sobre sectores dependientes de la protección social estatal. Las personas mayores constituyen uno de esos sectores. Esto no permite atribuir mecánicamente los suicidios a una administración determinada, pero sí exige incorporar las decisiones de política económica y social al análisis de las condiciones que pueden incrementar el sufrimiento, la incertidumbre y la fragilidad social.

CONCLUSIONES

Los datos analizados permiten afirmar que el suicidio de personas mayores no puede ser abordado únicamente como un problema individual o sanitario. Se trata también de un fenómeno social y político, atravesado por las condiciones materiales de vida, la protección social, el acceso a derechos y la capacidad del Estado para garantizar una vejez digna. Entre 2017 y 2024 se registraron 5.400 suicidios de personas de 60 años y más, una magnitud que exige una respuesta pública sostenida.

La evolución de la serie muestra que los valores más elevados se concentran en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y en 2024, durante el gobierno de Javier Milei. Aunque esta coincidencia temporal no demuestra una relación causal directa, obliga a analizar críticamente el impacto que los períodos de ajuste, caída del poder adquisitivo y retracción o reconfiguración de políticas sociales pueden tener sobre la vida cotidiana de las personas mayores.

La dimensión de género constituye otro de los principales hallazgos: los varones representan el 84% de los suicidios
registrados. Las políticas de prevención deben considerar que los mandatos tradicionales de masculinidad pueden dificultar la expresión del sufrimiento y la búsqueda de ayuda, especialmente cuando se combinan con pérdida de ingresos, jubilación,
aislamiento o disminución de la autonomía.

La mayor concentración de casos entre los 60 y los 74 años muestra que el ingreso a la vejez constituye una etapa particularmente sensible. La transición jubilatoria, lejos de ser neutral, depende de decisiones políticas acerca del nivel de los haberes, la actualización de los ingresos, la cobertura de medicamentos, la atención sanitaria y la existencia de políticas de inclusión y participación social.

Las condiciones económicas y sociales no explican por sí solas un fenómeno complejo como el suicidio. Sin embargo, la precarización de la vida, la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para acceder a medicamentos y servicios de salud y la incertidumbre respecto del futuro forman parte del entorno social en el que las personas envejecen. Por ello, evaluar las políticas públicas implica también analizar sus efectos sobre el bienestar, la autonomía y la dignidad de las personas mayores.

En consecuencia, es necesario garantizar ingresos suficientes, medicamentos y atención sanitaria accesibles, vivienda, redes
comunitarias, espacios de participación y dispositivos de salud mental cercanos y oportunos. Defender estos derechos supone
reconocer que la vejez digna no puede quedar subordinada únicamente a objetivos económicos fiscales.

Los datos de este informe plantean, en definitiva, una pregunta política central: ¿Qué lugar ocupan las personas mayores en las prioridades del Estado y quién asume el costo social cuando las políticas de ajuste recaen sobre quienes tienen menor
capacidad de recomponer sus ingresos?

Fuente: Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria