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SI LA FAMILIA DE UN VIEJO ELIGE UN GERIÁTRICO CLANDESTINO «ES PORQUE ALGUIEN DEJA QUE EXISTAN»

Los geriátricos que durante la pandemia fueron noticia pusieron al desnudo el ineficaz control del Estado que dio lugar a los clandestinos. Donde los familiares deciden internar a sus viejos por ser más baratos frente a los legales.

Esta realidad por la que muchos miran a un costado está bajo el análisis de la parte responsable de la sociedad: «Si la familia de un viejo elige un geriátrico clandestino es porque alguien deja que existan», sacudió Félix Nallim, presidente de la Caja de la Salud Mendoza públicamente el miércoles por la noche.

Nallim, quien además es presidente de la Asociación Gerontológica Argentina (AGA), así lo aseguró en el programa radial «El Otro Mundo», que conduce Victoria González por Radio Nihuil de Mendoza.

«En Argentina, uno de los primeros focos de contagios con coronavirus fueron los hogares geriátricos. Hoy más que nunca es vital analizar la responsabilidad que tiene una familia, cuando elige un lugar para que estén sus adultos mayores», alertó el médico gerontólogo.

Nallim recordó cuando en Buenos Aires «a principios de abril/mayo comenzaron los contagios y en Mendoza a fines del mismo mes».

«Fue cuando salio un artículo en la prensa escrita sobre la cantidad de geriátricos que hay en la provincia. Hay unos 200 o más que estarían habilitados o en vías de serlo. Con el respectivo trámite de habilitación», dijo citando al Subsecretario de Salud local, Dr. Oscar Sagás. El funcionario el mismo miércoles confirmó la cifra cuando se identificó un geriátrico clandestino en Guaymallén con contagios de COVID-19.

La familia como responsable de la elección de un geriátrico

«En realidad la responsabilidad de la internación primariamente es de la familia que debería tener en cuenta en qué condiciones está esa institución. Lo mínimo que debería pedir es la habilitación. A la municipalidad no se le puede cargar con la responsabilidad de la habilitación. Solamente tiene la capacidad de asegurar que el edificio está acorde para albergar personas. Está a cargo de la parte técnica. Y en definitiva el Ministerio de Salud es el responsable de las habilitaciones», remarcó el médico mendocino.

Y fue más lejos analizando los geriátricos clandestinos: «Creo que hay complicidades tanto de los familiares que sienten que se están sacando un problema de encima y de los dueños de esas instituciones. Quienes no miden su fin de lucro sobre el deber de hacer las cosas bien», lanzó.

«Esto marca una actitud incorrecta, desigual, frente a las instituciones que cumplen con todo lo que solicita el Estado», se quejó.

Explicó que «los geriátricos son instituciones sociales. A veces la gente se confunde. No compiten con un hospital o una clínica. A lo sumo la institución está medicalizada. Y no están capacitadas para atender patologías que sí deben ser atendidas por una clínica, un sanatorio o un hospital. Sí puede tener, de acuerdo a su complejidad, personal de la salud como médicos, enfermeros o nutricionistas, etc».

Nallim analizó que «hay distintas categorías de hogares. Algunos son sólo para autoválidos, que han perdido algunas funciones mototas pero no todas y necesitan ayuda de terceras personas para poder vivir con normalidad. Tenemos otros que están muy deteriorados cognitivamente. Que ya necesitan otro tipo de atención. En esos caso, con una demencia vascular o de Alzheimer u otro tipo de patología compleja deben contar con profesionales capaces de atenderlos», dijo.

«En los geriátricos clandestinos no se sabe si hay personal capacitado, por ejemplo», cargó.

Mayormente el personal «que trabaja en estas instituciones también lo hace en otros lugares. Y es por eso que se producen estos tipos de contagios dentro y fuera del geriátrico. Por eso el Estado debe estar presente. Realizando test. Tanto a los adultos mayores como al personal, que usualmente llega asintomático a la institución y contagia», reconoció.

«Por eso, siempre la responsabilidad es de la familia que muchas veces elige un hogar clandestino que está fuera de la ley y cobra muchísimo más barato que uno legal», remarcó.

«Si no hubieran hogares clandestinos la familia mantendría a sus adultos mayores en casa. Si eligen un geriátrico clandestino es porque alguien deja que existan. Yo no puedo dejar que alguien que no está habilitado tenga personas institucionalizadas en ese tipo de lugar. No corresponde. Esto no nos asegura tampoco que un hogar habilitado no vaya a tener internados con coronavirus», reflexionó.

Y cerró: «Salvo rarísimas excepciones quienes eligen el lugar no son los viejos, son los mismos familiares. Si un familiar elige un lugar clandestino es cómplice. El Estado debe mejorar los controles y la gente tiene que denunciar. Porque la gente sabe dónde funcionan los geriátricos clandestinos en Mendoza».