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CECUA pide que se distribuyan urgentemente de test de detección de COVID-19 para trabajadores y usuarios de residencias. 

En base a los datos analizados sobre el número de infectados por COVID-19 en las residencias españolas, el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas en Andalucía (CECUA), pide de manera urgente que se distribuyan test a las residencias para ofrecer garantias a profesionales y usuarios. Además, demanda al Gobierno que respalde a los centros residenciales abonando el 100% de las plazas concertadas no ocupadas para garantizar el sostenimiento de los centros.

Al analizar el mapa y las tablas de los datos oficiales facilitados por las Administraciones Públicas lo que se comprueba es la falta de información existente debida a la ausencia de realización de test en los centros, tanto a trabajadores como a usuarios. La falta de transparencia por parte de las Administraciones Públicas refleja la escasez de test que se están realizando en los centros.

El Círculo Empresarial de Cuidados a Personas en Andalucía (CECUA), comparte el diagnóstico realizado por el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), que indica que de los 110.238 contagios afectados por COVID en España 7.988 se han producido en residencias (excluyendo Madrid, que dejó de ofrecer datos el 26 de marzo con 1.070 fallecidos en centros).

Desde el CEAPs se señalan que el método de recogida de datos en algunas regiones es la de rellenar informes al finalizar el día. «El método de recogida de datos es a través de documentos que remitimos diariamente a las administraciones públicas, en ocasiones hasta cuatro formularios diferentes para cuatro organismos y lo hacemos con los datos que tenemos: es decir, sin test o con test privados que en algunas regiones están ya requisando» y eso no ofrece ni garantías para las profesionales ni los trabajadores ni poder establecer métodos y criterios efectivos de trabajo.

Destaca que de los 3.879 trabajadores en toda España registrados con síntomas de COVID-19 3.184 están situados en Cataluña, indicando además, que están aislados o sintomatología, no están registrados como casos positivo de COVID. Esto les impide desempeñar su labor y atender a las personas usuarias de los centros como es su deseo, al contrario de lo que ocurre en el sistema sanitario, que sí cuentan con los test para saber si padecen o no la enfermedad evitando así, además, contagios entre compañeras y residentes.

Falta de criterio y coherencia en datos

Destaca el hecho de que no haya una uniformidad al ofrecer los datos, hay regiones que sí señalan el número de centros con casos positivos, otros sólo ofrecen datos de infectados y en otras regiones el de fallecidos, como es el caso de los últimos datos de Madrid.

Además, es reseñable que comunidades como Castilla La Mancha, Castilla y León y Murcia ofrezcan unidos los datos de centros de atención especializada en personas con Discapacidad y los de atención a personas mayores.

Por otro lado, es significativo que sólo Navarra expone el dato de trabajadoras del sector que están de baja: 292, lo que hace imposible saber la realidad de la atención residencial. Y destacaba también otro dato ofrecido por la Generalitat de Catalunya que indica que 3.184 trabajadores están aislados o tienen sintomatología sin especificar más al respecto o del resto de comunidades que indican el número de casos positivos COVID, pero no su estado.

Humanización

En el otro lado, destaca el dato de País Vasco, ofrecido por las diputaciones forales, que indica el lugar de fallecimiento de los pacientes con COVID-19 porque indica la dignificación y la comprensión de que las residencias son lugares para vivir y el tratamiento sanitario lo ofrecen en las instalaciones médicas. Así como los datos ofrecidos por el Principado de Asturias que ofrecen transparencia de los datos de residencias públicas y privadas (en los que hay residentes con plazas financiadas públicamente a través de la Ley de Dependencia) que expresa que el COVID no entiende de figuras jurídicas.

 Ante esta situación el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas en Andalucía, demanda también que el Gobierno andaluz garantice el pago del 100% del coste de las plazas concertadas no ocupadas en los centros residenciales. Esta medida permitiría, en parte, hacer frente al sobrecoste que están asumiendo las empresas del sector, dada la alta intensidad de los cuidados, la compra de suministros, las medidas de aislamiento y sectorización establecidas en los protocolos de seguridad, así como la elevada tasa de absentismo actual, que supera el 10%, encontrando dificultades en la incorporación de profesionales, lo que obliga a las actuales plantillas a duplicar esfuerzos.

Andrés Rodríguez, presidente de CECUA, se muestra “orgulloso del trabajo de las profesionales del sector, un colectivo altamente cualificado, pero que necesita hechos para contar con más recursos humanos y materiales” en esta línea concluyó que “este sector, muchas veces olvidado, demuestra su vocación de servicio y compromiso con el colectivo de mayores, cuidándoles sin dar la espalda a nadie”.