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El derrotero del sistema previsional argentino y cómo impactan los nuevos cambios sobre los jubilados.

Quienes alcanzan la edad y los años de aportes requeridos para jubilarse pasaron su vida laboral de cambio en cambio y a las puertas de su retiro no tienen en claro todos los parámetros del sistema

Por Nuria Susmel

Cuando Pedro ingresó al mercado de trabajo, allá por 1985, la regla del sistema de pensiones “prometía” que si aportaba al menos 10 años y lograba acreditar 30 de servicios a los 60 años iba a gozar de una jubilación del 70% del promedio del salario de los tres mejores años dentro de los últimos 10 y que si trabajaba más años ese porcentaje sería mayor.

En 1994 las “promesas” cambiaron drásticamente. Del sistema de reparto “solidario” se pasó a uno mixto en el cual podía elegir mantenerse en el sistema público existente, que prometía un haber más bajo que el 70% -ya que se promediaba los 10 últimos años y no sólo los mejores tres- o pasar a uno sistema de capitalización individual en el cual la jubilación dependía de lo que se hubiera acumulado. Si bien ahora tendría que poder probar 30 años de aporte, lo que requería mantenerse siempre en el sector formal de la economía, y recién podría jubilarse a los 65, su jubilación sería más alta al estar administrada por una AFJP que pelearía por la mayor rentabilidad de sus fondos. Pero además sería mejor para la economía porque el nuevo sistema iría reduciendo el déficit previsional que a esa altura de la historia alcanzaba al 2,3% del PBI.

Un año más tarde, se enteró que la movilidad automática prometida para los que estaban jubilados por los sistemas de reparto había sido anulada, pero no parecía muy importante porque le faltaban muchos años para su momento del retiro.

A partir del 2002, se dio cuenta que la ausencia de movilidad no era un dato menor porque la inflación había retornado después de casi una década y ahora los ajustes eran discrecionales. Y, además, en los siguientes cuatro años los únicos ajustes que se hicieron fueron para quienes percibían la jubilación mínima.

En el año 2005 se preguntó porque estaba aportando si ahora había gente que sin haber aportado nunca iba a recibir una jubilación a través de una moratoria, y a lo largo de los años siguientes se dio cuenta que esa era mucha gente lo que dio la primera pista de la universalización del sistema. Pero esos jubilados sólo iban a recibir la jubilación mínima y probablemente haber aportado realmente haría una diferencia.

En el año 2008, de buenas a primeras, le avisaron que cambiaban otra vez las reglas del juego. Ahora se volvía al viejo sistema de reparto porque era un sistema solidario en contra de la capitalización que es individualista.

Pero por suerte, un año más tarde, a instancias de un fallo de la Corte Suprema se eliminó la discrecionalidad de la movilidad de los haberes y se fijó una regla de ajuste en base a la evolución de los salarios y la recaudación de la Seguridad Social.

En el 2017, se cambió la fórmula de ajuste por una más ligada a la inflación y menos a salarios porque los consumos de los jubilados se ajustan por inflación y no por salarios, aunque en realidad lo que pasó fue que se esperaba que los salarios subieran más que los precios y con el cambio las jubilaciones crecerían menos contribuyendo a que el déficit del sistema creciera menos en un momento en que, como consecuencia de la duplicación de los beneficiarios a través de la moratoria, el déficit del sistema alcanzaba a casi 3 puntos del PBI.

Además de eso, también se cambió la regla de actualización del salario para el cálculo del haber inicial. Hasta ese momento se ajustaba de igual forma de las jubilaciones, pero a partir de ese año se utilizaría el RIPTE (remuneración de aporte al sistema de pensiones).

Y, de incertidumbre en incertidumbre, llegó al 2020, con 35 años de aportes y la edad suficiente para retirarse creyendo que el haber que le correspondería sería ajustado de forma cercana a la evolución de los precios. Y ahí otra vuelta de tuerca cambió el panorama del sistema.

A sólo días de asumir la nueva administración mandó al Congreso la Ley de Emergencia Solidaria dentro de la cual una de las medidas afecta otra vez al sistema jubilatorio. La modificación esta vez suspende por 180 días el ajuste jubilatorio, período durante el cual los ajustes trimestrales (en principio los de los trimestres de marzo y junio) se harán, hasta definir una nueva fórmula, de forma discrecional y priorizando a los de más bajos ingresos.

Las instituciones inestables pierden credibilidad

Lo que en un primer momento pareció apuntar a una reducción del gasto en pensiones terminó pareciendo más una redistribución de ingresos dentro del mismo sistema ya que el primer aumento discrecional se plasmó en la forma de un bono de 5000 pesos para quienes cobran la jubilación mínima (14.068 pesos) y tienen una sola prestación (jubilación o pensión). Para el resto de los beneficiarios el bono es la suma que completa su haber 19.048 pesos (jubilación mínima más los 5000).

Más de lo mismo

El aumento fijado para marzo es más de lo mismo ya que toma la forma de una suma fija de $ 1500 más un aumento de 2,3% para todos los beneficios. Y así, el haber mínimo tiene un aumento de 13,7%, porcentaje cada vez menor a medida que aumentan las jubilaciones reduciéndose a sólo el 4,4% para el tope jubilatorio.

La medida termina generando un achatamiento de la pirámide jubilatoria ya que de esta forma casi el 75% de los beneficiarios estaría cobrando el mismo haber. Mientras lo que en principio daba la idea de una reducción del gasto termina en un incremento del gasto en los meses de diciembre a febrero de 6,7% sólo en el sistema previsional (SIPA) a lo cual si se suma el mayor gasto en pensiones no contributivas y la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM) termina en un gasto adicional de 45 mil millones que representa un aumento del 9,7% del total del gasto en estos conceptos.

El ajuste de marzo sí termina en un ajuste del gasto de 1,4% que no llega a compensar el incremento del trimestre anterior.

Si bien veladamente, los aumentos diferenciales, mayores para la población de menores ingresos, se justifican en el principio “solidario” del sistema de reparto, esto no es más que una re-escritura de la historia, ya que la solidaridad del sistema de reparto se refiere a la solidaridad intergeneracional -la generación que trabaja y aporta financia la pensión de la generación jubilada, mientras espera que la siguiente financie su jubilación- no a la solidaridad entre los propios jubilados que aportaron toda su vida para cubrir su propio riesgo de caída en la generación de ingresos en la etapa pasiva y no para cubrir el riesgo de quienes no han aportado.

Además, ¿cuán cierto es que quienes tienen las jubilaciones más bajas se encuentran entre la población vulnerable? La tasa de pobreza entre la población mayor es la más baja entre los distintos grupos etarios. Mientras que entre los menores de 14 años el 52,6% es pobre entre la población mayor de 65 años este porcentaje sólo se alcanza al 10,4%.

De hecho, la jubilación mínima alcanza a cubrir la canasta de pobreza con lo cual ningún jubilado debería estar en condición de pobreza, sin embargo, los ingresos totales del hogar podrían ser menores que la línea de pobreza. Calificando a los jubilados en pobres / no pobres se encuentra que el 83% del total se encuentra en hogares no pobres, mientras que si restringe a los jubilados que perciben la jubilación mínima este porcentaje se reduce al 76%. Es decir, la condición de percibir el haber mínimo jubilatorio no implica necesariamente que la población sea vulnerable.

Jugado y sin fichas

El hecho es que, tras una vida laboral de reformas previsionales, Pedro ya se encuentra jugado y sin fichas. Las reglas cambiaron reiteradas veces y a las puertas del retiro no esta claro cuales son y mucho menos cuántas veces a futuro las cambiarán.

Las instituciones inestables pierden credibilidad. Si bien Pedro ya no tiene opción el mensaje que dejan todas las reformas que se han ido implementado, en especial en los últimos 15 años es que el sistema de pensiones tiene un premio bajo al cumplimiento: existen moratorias que permiten un haber sin haber aportado nunca, existen regímenes que con aportes muy bajos otorgan un beneficio.

Pero aún habiendo aportado y obteniendo un beneficio bien diferente al que aportó poco o no aportó, a futuro existen altas chances de que la diferencia inicial se vaya achicando fuertemente. Por ejemplo, alguien que se jubiló con la jubilación máxima en el año 2001 y por lo tanto cobraba 19 veces más que la jubilación mínima en diciembre percibió poco más de 5 veces que quien percibe la mínima, la mayoría de los cuales han ingresado al sistema a través de una moratoria y por lo tanto habiendo aportado poco o nada.

“Otra vuelta de tuerca”, de Henry James, esta rankeado entre los mejores cuentos de terror de la historia. “Otra vuelta de tuerca del sistema previsional argentino” debería rankear en primer lugar entre las historias de suspenso.

La historia de esta historia es que existen altos incentivos a evadir el sistema. El desafío desde las instituciones es transformarlo en un sistema creíble que genere atractivo a pertenecer. Los pasos dados por la presente Administración parecen tomar el camino contrario y repetir el mensaje de “pertenecer no tiene sus privilegios”.

La autora es economista de FIEL. Esta nota fue publicada por Infobae el 4 de enero pasado y se reedita con algunos agregados por el último anuncio del Gobierno